miércoles, 26 de octubre de 2016

párrafo segundo de la Constitución Federal y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cumplen decreto ejecutivo para apertura de vialidades

El gobierno municipal de Chimalhuacán informa que este 24 de octubre se realizó la ejecución del decreto expropiatorio del Estado de México por la causa de utilidad pública de seis fracciones de igual número de predios ubicados en el barrio San Pablo para la apertura, ampliación, prolongación y alineamiento de la calle Cruz de Olvido.

El decreto fue publicado en la Gaceta del gobierno del Estado de México el pasado 5 de septiembre, sección quinta, donde precisa que se expropia una superficie de 708.18 metros cuadrados y garantiza la indemnización como una medida de protección al derecho de propiedad, con base a una interpretación de los artículos 27, párrafo segundo de la Constitución Federal y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el momento en que se ejecutaba el decreto, la señora Benita Páez Valencia recibió la indemnización que el gobierno del Estado de México otorgó por la afectación en la fracción II que le correspondía.

Acto seguido, la alcaldesa de Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez, se solidarizó para gestionar ante el Estado de México lo que falte de las indemnizaciones.

La alcaldesa señaló que los principales beneficiarios de la expropiación de las fracciones de seis predios son los vecinos del barrio San Pablo; tendrán nuevas vías de comunicación, la calle Cruz de Olvido conectará la avenida Patos y la calle Unión con el circuito Morelos y la avenida Peñón.

Aunado al libre tránsito, mayor seguridad para transeúntes, automovilistas y desahogo vehicular; la edil sumó a las ventajas de la expropiación de los predios, la dotación de “servicios públicos básicos de agua potable y drenaje que permitirán a la colectividad tener acceso a una vida digna. Lo anterior con fundamento en el artículo 3, fracción I y V de la Ley de Expropiación para el Estado de México”.

Cabe destacar que el proceso administrativo para la expropiación de las seis fracciones inició el 28 de febrero de 2012 a solicitud de las autoridades municipales con el oficio DGDU/086/2012.

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